David Paul Chatelain
Concejal de Hacienda de Cambrils (PP)
Mientras el Gobierno central presume de recaudación récord, muchos ayuntamientos seguimos atrapados en una camisa de fuerza presupuestaria que penaliza precisamente a quienes han hecho bien los deberes.
La falta de Presupuestos Generales del Estado, o de la Generalitat, no son una cuestión técnica ni un simple bloqueo parlamentario. Tienen consecuencias reales pese a que se ocultan estas de forma conveniente: limitan la planificación de las entidades locales, reducen la certidumbre financiera y dificultan que los municipios puedan transformar su buena gestión en inversión útil para los vecinos.
El resultado es profundamente injusto: un ayuntamiento diligente, que ahorra, reduce deuda, paga a tiempo y liquida correctamente sus obligaciones, no puede disponer libremente de sus recursos. En cambio, aquellos que planifican peor o arrastran desequilibrios no siempre sufren consecuencias proporcionales, más allá de una mayor carga administrativa o de determinados controles formales.
No se trata de defender barra libre presupuestaria. Al contrario. Las reglas fiscales son necesarias. Su ausencia fue una de las causas de la grave crisis financiera que sufrieron muchas administraciones públicas en los años 2000. Sin límites y sin responsabilidad, las cuentas públicas acaban convirtiéndose en una hipoteca para las generaciones futuras.
Pero una cosa es defender las reglas fiscales y otra muy distinta aplicarlas de forma uniforme y preventiva a todos por igual. No tiene sentido tratar igual al ayuntamiento que ha reducido deuda, genera remanentes, paga en plazo y mantiene estabilidad presupuestaria, que al que acumula obligaciones pendientes, incumple plazos o planifica mal.
El sistema actual genera una paradoja absurda. La dificultad para ejecutar presupuestos provoca ahorro forzoso en muchas administraciones. A ello se suma el ahorro derivado de gestionar bien. Pero cuando ese ahorro existe no puede traducirse en inversión. El dinero está, la necesidad también, pero la normativa lo bloquea.
Y mientras tanto, el Estado ingresa más que nunca gracias al efecto combinado de la inflación, el aumento de bases imponibles y la presión fiscal. Sin embargo, esa mayor recaudación no se traslada con suficiente claridad ni autonomía a los ayuntamientos, que son la administración más próxima al ciudadano y la que presta servicios esenciales en el día a día.
La prórroga presupuestaria del Estado agrava este problema. Sin nuevas cuentas, se limita la actualización real de compromisos, inversiones y transferencias. Los municipios quedan pendientes de decisiones estatales arbitrarias y modificaciones presupuestarias. Una planificación seria es imposible si la administración central gobierna sin presupuestos mientras exige disciplina extrema a los demás.
La solución no pasa por eliminar las reglas fiscales, sino por hacerlas más inteligentes. El legislador debería distinguir entre ayuntamientos cumplidores y ayuntamientos que lo son menos. A los primeros se les debería permitir una gestión más autónoma de sus remanentes, especialmente para inversiones financieramente sostenibles, mejora de servicios públicos, mantenimiento urbano, eficiencia energética, vivienda o equipamientos. Y por supuesto, la cobertura de vacantes, un problema que genera importantes disfunciones en la gestión diaria de los municipios, siendo las cuestiones relacionadas con el personal uno de los grandes retos de las Administraciones Públicas.
Al mismo tiempo, deberían endurecerse las consecuencias para quienes incurran en mala planificación económica una vez detectada. Menos tutela preventiva indiscriminada y más responsabilidad efectiva cuando haya incumplimiento real. Menos castigo al que cumple y más exigencia al que no cumple.
Necesitamos ayuntamientos fuertes, solventes y con capacidad de inversión. No tiene sentido pedirnos rigor, estabilidad y buena gestión si después se nos impide utilizar el fruto de ese esfuerzo. El Gobierno de España no puede seguir asfixiando a los municipios mientras presume de ingresos récord. La autonomía local no puede quedarse en una declaración constitucional vacía de contenido. Debe traducirse en capacidad real para gestionar, invertir y responder a los vecinos.
Un ayuntamiento que hace los deberes no debería ser castigado. Debería ser reconocido y liberado de una tutela que, en la práctica, acaba confundiendo prudencia con parálisis.
