23 familias un bloque de vivienda social de Salou, ubicado en Emprius, han iniciado una huelga de alquileres al devolver los recibos de los últimos dos meses, con el apoyo del Sindicat de Llogateres. Se trata del 62 % del total de inquilinos de esta promoción, que era de Inmocaixa y que ha adquirido la Generalitat.
El edificio era de protección oficial hasta 2022, cuando perdió esta condición, y los inquilinos han dejado de abonar los dos últimos recibos para compensar las cantidades cobradas en recibos anteriores correspondientes al IBI.
Escudándose en una sentencia del Tribunal Supremo, el Sindicat de Llogateres defiende que a los inquilinos de viviendas protegidas no se les debe cobrar la parte del IBI, por lo que, en el caso de Salou, entienden que no se les debería haber cobrado dicho importe en los años en los que el bloque tenía esta condición social. En total, el impago de la promoción de Salou es de entorno a 20.000 euros, según el sindicato.
Con la adquisición por parte del Incasòl, entidad de la Generalitat que gestiona vivienda protegida, las 23 familias en huelga esperan que se les deje de cobrar el IBI en los próximos recibos. “Creemos que con la gestión del Incasòl vamos a estar un poco mejor”, afirma Kika Aguilera, una de las vecinas.
