Un país como España, que en la segunda mitad del siglo XX vio como emigraban, por motivos políticos o económicos, más de dos millones de personas, concretamente 2.720.988, según datos oficiales estadísticos de la época, se vieron obligados a trasladarse a otras ciudades para asentarse en ellas no siempre en condiciones mínimamente dignas. En los años 60 y mitad de los 70 miles de españoles emigraron a países de Europa occidental como Alemania, Francia o Suiza. Traslados gestionados por el Instituto Español de Emigración, creado en 1956, que sustituyeron a los tradicionales destinos americanos, en los que la «emigración en masa», entre 1880 y 1930, la emigración masiva de los españoles los llevó a América, con una importancia social y un peso demográfico muy superior al de la época colonial.
Ahora, España es un país de acogida. Un territorio regulado con normas, en el que las autonomías tienen también las suyas propias. Normas que regulan la entrada y estancia de los extranjeros extracomunitarios en el territorio español y los derechos y las libertades que se les reconocen.
En Salou, una ciudad que destaca por su diversidad cultural, dado que es un municipio turístico, en el que conviven durante todo el año 97 nacionalidades distintas, todo lo relacionado con la ley de extranjería adquiere un alto interés. Normas con las que los extranjeros se convierten en vecinos nuestros, obligados a cumplir deberes, al mismo tiempo que adquieren derechos, según las diferentes administraciones públicas.
En la década de los noventa, periodo de explosión de la inmigración en España, es cuando irrumpió con fuerza el extranjero en nuestro país procedente de África; hasta entonces su presencia en nuestro territorio era prácticamente inexistente, pero a partir de entonces, tras los latinoamericanos formaron el grupo más numeroso de extracomunitarios. Extranjeros que llegan con una cierta facilidad, pero a los que les cuesta adquirir la legalidad porque han de pasar muchos filtros.
Algunos de estos, controlados por el mismísimo Centro Nacional (CNI) que tiene un papel fundamental a la hora de que se otorgue la nacionalidad española a determinados ciudadanos extranjeros que la soliciten. Su trabajo en este ámbito consiste en emitir informes para ofrecer al Ministerio de Justicia elementos de juicio sobre el solicitante y así establecer si la concesión de la nacionalidad a una persona determinada, espías o radicales, que puedan suponer «un peligro para la seguridad nacional». De esta manera, el CNI se anticipa a las amenazas y evita que espías ilegales o extranjeros radicales adquieran la nacionalidad para desarrollar sus actividades en España.
Aunque lo más habitual es que se trate de emigrantes que se han desplazado a nuestra costa en busca de un trabajo que le permita una nueva vida, o simplemente un medio para reagrupar a la familia que ha dejado en su país de origen. El Servei de Primera Acollida en Salou lo lleva a cabo la regidoría de Nova Ciutadania i Interculturalitat, cuya regidora delegada es Elena Zhukova. En esta área municipal está el Espai Mas, desde el que se realizan reuniones periódicas con extranjeros para informarles del conjunto de acciones y recursos que responden a las necesidades iniciales de formación e información de las personas “nouvingudes”.
En una de estas sesiones a lo largo de la presente semana, una decena de extranjeros y cuatro voluntarias de la Creu Roja han asistido con atención a las indicaciones que ofrece la jurista Margareth Martínez, técnica asesora del área en el Ajuntament de Salou. Las voluntarias de la Creu Roja para adquirir conocimientos en la materia, ya que, en muchos casos, son receptoras de personas que llegan por primera vez a la ciudad; y los extranjeros asisten a la reunión con mucha atención siguiendo las directrices que ofrece la jurista. Casi todos ellos tienen alguna pregunta que hacer, y todas están encaminadas a cómo formarse para conseguir la legalización que les permita trabajar en una empresa de Catalunya. En este caso, al regirse nuestra comunidad con algunas leyes propias, “es importante que se tenga conocimiento del catalán, además del castellano”, dice Margareth. Además de la lengua es necesario acreditar conocimientos laborales y del municipio y los servicios del entorno.
El Servei de Primera Acollida ofrece los medios iniciales que hacen más fácil la incorporación de los extranjeros a la sociedad catalana. “Elementos que os pueden ayudar a la hora de buscar trabajo o hacer valer la formación y experiencia”, dice. Es un servicio que pone a disposición de los “nouvinguts” la Generalitat de Catalunya en colaboración con las administraciones locales, los agentes sociales y las diversas entidades especializadas en esta materia, “con el objetivo de promover la autonomía personal de las personas extranjeras y catalanas retornadas y la igualdad de oportunidades a la ciudadanía”.
La emigración en Catalunya, que en noviembre coronó el ‘tourmalet’ histórico de los ocho millones de habitantes, está viviendo una «revolución demográfica» a caballo de la baja natalidad, el envejecimiento y, sobre todo, de la migración internacional. Un fenómeno, el migratorio, que en este siglo XXI ha aportado 1,7 millones de personas (el 21%) y se ha convertido en el gran motor a tracción de un aumento poblacional que está amortiguando, no sin retos apremiantes, el desplome de la fecundidad. El 28% de los habitantes de Catalunya son nacidos en el extranjero o hijos de migrantes internacionales, según datos del Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).
Una sociedad catalana muy diferente a la que protagonizaba el famoso eslogan de la etapa de Jordi Pujol ‘Som 6 milions’, fundamentalmente por la recepción de estos extranjeros que ven en nuestro territorio una oportunidad. En Salou, según los datos del padrón de 2024, de las 97 nacionalidades distintas que conviven en la ciudad, las más numerosas son las 20.454 personas provenienen de otras ciudades españolas; 986, Ucrania; 910, Senegal; 854, Rusia; 777, Rumania; 677, India; 593, Marruecos; 546, Italia; 497, Colombia; 407, Pakistán; 381, Argentina y 339, Bulgaria.
Dado que desde 2018 hay más defunciones que nacimientos en Catalunya, que marcan una tasa de 1,5 hijos por mujer, “si no llegaran extranjeros, la población se pararía”, según declaraciones de Albert Esteve, director del Centro de Estudios Demográficos de la UAB. El descenso de la natalidad se ve compensado por la llegada de migrantes, dado que Catalunya y, especialmente la capital, es un foco de atracción de primer orden. “Aunque hay zonas que pierden población mientras otras solo reciben un tipo de inmigrantes y otras acogen otros perfiles… La situación es heterogénea”, advierte Esteve.
El aumento de población se concentra en el área metropolitana de Barcelona, donde 121 de sus 125 municipios han ganado población. Aunque, hay incrementos importantes en la Catalunya central y amplias áreas prelitorales y costeras, tanto en las comarcas gerundenses como del Camp de Tarragona, entre éstas Salou.
