Se esperaba un pleno de Salou tenso tras la polémica de los supuesto currículums falsos… y lo fue. El equipo de gobierno y el grupo municipal de Vox se enzarzaron en un cruce de peticiones de dimisiones. El alcalde, Pere Granados, pidió la marcha de los dos concejales de Vox, mientras que la portavoz de la formación de extrema derecha, Anabel Rodríguez, arremetió contra cuatro ediles del gobierno municipal -Cristina Berrio, Julia Gómez, Noelia Izquierdo y Marçal Curto- por no acreditar sus titulaciones.
Granados reclamó la dimisión del concejal de Vox Paul Daniel Axinte, al que acusó de “presunto delincuente” por su supuesta agresión al concejal no adscrito y exlíder de Vox en el Ayuntamiento de Tarragona, Javier Gómez León; y pidió también la marcha de Rodríguez por “dar cobijo” a Axinte, que está pendiente de juicio.
La tensión empezó antes del pleno, con la aparición de folletos en algunos coches en los que Vox acusaba a ediles del equipo de gobierno de inflar sus currículums. La crispación fue en aumento durante la sesión y obligó a hacer dos recesos de cinco minutos para reunir a los portavoces y ‘poner orden’.
El origen del debate fue el comunicado lanzado el martes por Sumem Salou-PSC y Ara Pacte Local pidiendo a la concejal Cristina Berrio, de baja hace meses, que renuncie a su acta por “falsear” sus titulaciones.
“Más allá de las supuestas mentiras en sus títulos, la petición del acta a Berrio se debe a que, para justificarse, acusa a un técnico y a la corporación de haber manipulado su correo electrónico, lo que nos parece de una gravedad absoluta”, manifestó Granados.
Los ediles se defienden
El alcalde aseguró que retiró las competencias a Berrio cuando se cogió la baja “para que sus áreas delegadas continuarán trabajando con normalidad”. Por su parte, Rodríguez manifestó que se trata de “una cacería” del equipo de gobierno contra Berrio, al considerar que no ha actuado igual con otros miembros del ejecutivo.
Los cuatro ediles con sus currículums en entredicho por Vox se defendieron de las acusaciones. La concejal de Cultura, Julia Gómez, afirmó que el cambio de estudios superiores por secundarios se debe a «un error no malintencionado», que modificó cuando lo detectó hace meses: «Yo corrijo, no miento». Noelia Izquierdo, edil de Infancia y Juventud, afirmó que la información incluida en su currículum público «es veraz», mientras que Marçal Curto (ERC) se limitó a decir que no dimitirá y que ha sido «lo más transparente posible».
El portavoz del PP, Mario García, sin entrar en la batalla dialéctica, subrayó que “el currículum de un representante público no es un simple trámite burocrático o una herramienta de marketing personal, sino que es una primera carta de presentación de nuestro compromiso con la verdad. No podemos defraudar la confianza de los ciudadanos hacia la institución”.
